Juan Luis Calbarro, Portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Balears
Suprimir el ´nivel 33´
«La arbitrariedad del complemento es tan palpable como el acuerdo absoluto entre los partidos viejos para crearlo y mantenerlo»
11.06.2013 | 06:00
El caso de Marienna Sánchez-Jáuregui, aún alcaldesa popular de Ibiza, ha puesto de actualidad el privilegio de los complementos vitalicios de los altos cargos. Resulta que, desde 1990, las sucesivas leyes presupuestarias, y desde 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de Baleares, así como las demás leyes autonómicas homólogas, señalan complementos vitalicios para todo funcionario de cualquier nivel que haya servido dos años seguidos con dedicación exclusiva como alto cargo, o tres de forma discontinua, para equiparar su retribución a la de un director general. Esto incluye a presidentes del Gobierno, presidentes autonómicos, ministros, secretarios de Estado y directores generales, consejeros autonómicos y sus correspondientes altos cargos, directivos de entes públicos asimilados a altos cargos, alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, diputados, senadores, diputados autonómicos, miembros del poder judicial y de los tribunales superiores autonómicos, cargos en la Unión Europea y un largo etcétera. Es el irónicamente llamado ´nivel 33´ de la Administración, que suma al sueldo de cualquier funcionario que haya sido alto cargo desde el establecimiento de la democracia cantidades mensuales que pueden llegar hasta los 1.150 euros, dependiendo de su nivel retributivo de partida, con el fin de lograr esa equiparación. Todo indica que la alcaldesa ha demorado su dimisión lo que ha sido necesario para alcanzar el derecho a su complemento de destino.
El carácter especialmente repulsivo y cínico de este caso de presunta corrupción –tan poco presunta que se da el caso prácticamente inaudito en España de que su propio partido haya pedido a la señora Sánchez-Jáuregui que dimita– ha impelido a la oposición ibicenca a criticar las maniobras de la alcaldesa para cobrar dicho complemento. Pero cuando se les recuerda que la exalcaldesa socialista de Vila también lo cobra, contestan que no es lo mismo: ella no lo cobra por haber demorado deliberadamente una dimisión, sino porque completó su mandato. Es decir: al PSOE le parece mal el proceder dilatorio de la alcaldesa del PP, pero el complemento vitalicio en sí les parece justificado.
El fondo de este asunto –dejando a un lado el de los dineros de Prensa Pitiusa– no es, por tanto, el cinismo de someter los plazos de una decisión fundamental para Ibiza como es la dimisión de su alcaldesa a los intereses particulares de esta, algo por cierto muy grave, sino el mismo hecho de que existan complementos vitalicios para ex altos cargos. ¿En qué se basa un privilegio que coloca a los funcionarios que han pasado por la política en el máximo nivel retributivo sin haber pasado por los procesos de promoción interna que costosamente afrontan todos sus compañeros que no tienen la suerte de tener un amigo en la cúpula de los partidos? ¿Acaso haber sido alcaldesa supone un perjuicio permanente que deba ser compensado? ¿Acaso no cobraron esos altos cargos buenos sueldos –sin duda justos– mientras lo fueron? ¿Acaso los ciudadanos que salen de la política hacia el sector privado no son también de Dios? La arbitrariedad del complemento es tan palpable como el acuerdo absoluto entre los partidos viejos para crearlo y mantenerlo. La Constitución prohíbe los privilegios, aunque cuando afectan a los políticos nos olvidamos de ella con gran facilidad.
Ignoro la cantidad de dinero que los contribuyentes invertimos en mantener ese privilegio bastardo, pero calculen: la señora Sánchez-Jáuregui, al haber aguantado hasta el 13 de junio, incrementará sus ingresos en unos 6.000 euros al año de por vida; existen 8.000 municipios en España, muchos de ellos con numerosos cargos de dedicación exclusiva cubiertos por funcionarios; Baleares tiene, además, 450 altos cargos; hay 17 comunidades autónomas y cincuenta provincias; debemos sumar los miembros de todas las cámaras legislativas, órganos judiciales, Unión Europea y organismos de todo tipo; vamos por la décima legislatura democrática (todas, desde 1978, cuentan para ser ex); y se estima que uno de cada cuatro altos cargos procede de la función pública. Hablamos seguramente de cientos de millones de euros al año. Y sospecho que cuando Europa le dice a Rajoy que debe recortar, no se refiere a la sanidad ni la educación, sino a este tipo de disparates.
No obstante, y con serlo mucho, el enorme despilfarro no es lo más grave aquí; lo terrible es la devaluación que se ejerce sobre la democracia y que, además, explica el verdadero motivo de este complemento funcionarial. Cuando uno va de la nada a la política, el alto cargo y su sueldo pueden ser en sí acicates suficientes para la obediencia al partido, pero cuando uno ha ganado una plaza de funcionario en propiedad, no teme tanto el fin de su presencia en la política. Cosa muy distinta es si de la decisión de la misma cúpula partidaria que designa cargos de confianza y elabora listas electorales cerradas depende la consolidación o no de un jugosísimo complemento salarial de por vida. El ´nivel 33´ es, por tanto, un elemento de manipulación de la voluntad del funcionario alto cargo, que tiene un trabajo asegurado, sí, pero se está jugando un sueldo vitalicio de director general, y supone así una vuelta de tuerca en el déficit representativo de una partitocracia que busca que electos y designados supediten el bien común a los intereses partidarios de la manera más lanar posible.
Eliminar este complemento del Estatuto Básico del Empleado Público es una obligación ética del Gobierno de la nación, y hacerlo de la Ley de la Función Pública de Baleares lo es del señor Bauzá; de la misma manera que han sido responsables de crearlo y mantenerlo los partidos que han sustentado en España los sucesivos gobiernos nacionales y autonómicos: PP, PSOE, IU, CiU, PNV, etc. En las autonómicas de 2011 solo UPyD Baleares llevó en su programa la supresión de este complemento, y en las próximas volveremos a proponerlo. No esperen que otros lo hagan.
El carácter especialmente repulsivo y cínico de este caso de presunta corrupción –tan poco presunta que se da el caso prácticamente inaudito en España de que su propio partido haya pedido a la señora Sánchez-Jáuregui que dimita– ha impelido a la oposición ibicenca a criticar las maniobras de la alcaldesa para cobrar dicho complemento. Pero cuando se les recuerda que la exalcaldesa socialista de Vila también lo cobra, contestan que no es lo mismo: ella no lo cobra por haber demorado deliberadamente una dimisión, sino porque completó su mandato. Es decir: al PSOE le parece mal el proceder dilatorio de la alcaldesa del PP, pero el complemento vitalicio en sí les parece justificado.
El fondo de este asunto –dejando a un lado el de los dineros de Prensa Pitiusa– no es, por tanto, el cinismo de someter los plazos de una decisión fundamental para Ibiza como es la dimisión de su alcaldesa a los intereses particulares de esta, algo por cierto muy grave, sino el mismo hecho de que existan complementos vitalicios para ex altos cargos. ¿En qué se basa un privilegio que coloca a los funcionarios que han pasado por la política en el máximo nivel retributivo sin haber pasado por los procesos de promoción interna que costosamente afrontan todos sus compañeros que no tienen la suerte de tener un amigo en la cúpula de los partidos? ¿Acaso haber sido alcaldesa supone un perjuicio permanente que deba ser compensado? ¿Acaso no cobraron esos altos cargos buenos sueldos –sin duda justos– mientras lo fueron? ¿Acaso los ciudadanos que salen de la política hacia el sector privado no son también de Dios? La arbitrariedad del complemento es tan palpable como el acuerdo absoluto entre los partidos viejos para crearlo y mantenerlo. La Constitución prohíbe los privilegios, aunque cuando afectan a los políticos nos olvidamos de ella con gran facilidad.
Ignoro la cantidad de dinero que los contribuyentes invertimos en mantener ese privilegio bastardo, pero calculen: la señora Sánchez-Jáuregui, al haber aguantado hasta el 13 de junio, incrementará sus ingresos en unos 6.000 euros al año de por vida; existen 8.000 municipios en España, muchos de ellos con numerosos cargos de dedicación exclusiva cubiertos por funcionarios; Baleares tiene, además, 450 altos cargos; hay 17 comunidades autónomas y cincuenta provincias; debemos sumar los miembros de todas las cámaras legislativas, órganos judiciales, Unión Europea y organismos de todo tipo; vamos por la décima legislatura democrática (todas, desde 1978, cuentan para ser ex); y se estima que uno de cada cuatro altos cargos procede de la función pública. Hablamos seguramente de cientos de millones de euros al año. Y sospecho que cuando Europa le dice a Rajoy que debe recortar, no se refiere a la sanidad ni la educación, sino a este tipo de disparates.
No obstante, y con serlo mucho, el enorme despilfarro no es lo más grave aquí; lo terrible es la devaluación que se ejerce sobre la democracia y que, además, explica el verdadero motivo de este complemento funcionarial. Cuando uno va de la nada a la política, el alto cargo y su sueldo pueden ser en sí acicates suficientes para la obediencia al partido, pero cuando uno ha ganado una plaza de funcionario en propiedad, no teme tanto el fin de su presencia en la política. Cosa muy distinta es si de la decisión de la misma cúpula partidaria que designa cargos de confianza y elabora listas electorales cerradas depende la consolidación o no de un jugosísimo complemento salarial de por vida. El ´nivel 33´ es, por tanto, un elemento de manipulación de la voluntad del funcionario alto cargo, que tiene un trabajo asegurado, sí, pero se está jugando un sueldo vitalicio de director general, y supone así una vuelta de tuerca en el déficit representativo de una partitocracia que busca que electos y designados supediten el bien común a los intereses partidarios de la manera más lanar posible.
Eliminar este complemento del Estatuto Básico del Empleado Público es una obligación ética del Gobierno de la nación, y hacerlo de la Ley de la Función Pública de Baleares lo es del señor Bauzá; de la misma manera que han sido responsables de crearlo y mantenerlo los partidos que han sustentado en España los sucesivos gobiernos nacionales y autonómicos: PP, PSOE, IU, CiU, PNV, etc. En las autonómicas de 2011 solo UPyD Baleares llevó en su programa la supresión de este complemento, y en las próximas volveremos a proponerlo. No esperen que otros lo hagan.
